El presente trabajo tiene por objeto realizar un estudio crítico de la Ley 20.886, que establece la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales en Chile, analizando sus principales características, fundamentos, implicancias prácticas y problemas derivados de su implementación.
En primer término, se examina el tránsito desde un sistema procesal basado en el soporte papel hacia un modelo digital, destacando el carácter instrumental de la reforma, en cuanto no altera la estructura del proceso civil, sino que modifica el soporte en que se desarrollan las actuaciones procesales. Asimismo, se analizan los principios que rigen la tramitación electrónica, tales como la equivalencia funcional, la publicidad, la fidelidad y la buena fe, los cuales constituyen el marco normativo del sistema.
En segundo lugar, se estudian las modificaciones introducidas al Código de Procedimiento Civil y al Código Orgánico de Tribunales, poniendo énfasis en la sustitución del expediente físico por la carpeta electrónica, la incorporación de la firma electrónica avanzada y el uso obligatorio del sistema informático en la tramitación de las causas.
This study aims to provide a critical analysis of Law No. 20.886, which establishes electronic processing of judicial procedures in Chile, examining its main features, foundations, practical implications, and challenges arising from its implementation.
Firstly, the transition from a paper-based procedural system to a digital model is analyzed, highlighting the instrumental nature of the reform, as it does not alter the structure of civil proceedings but rather modifies the medium through which procedural acts are carried out. The principles governing electronic processing, such as functional equivalence, publicity, reliability, and good faith, are also examined. Secondly, the amendments introduced to the Code of Civil Procedure and the Organic Code of Courts are studied, emphasizing the replacement of the physical case file with the electronic file, the incorporation of advanced electronic signatures, and the mandatory use of digital systems in judicial proceedings.